Mejorar la educación

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por segundo curso consecutivo, vuelve someter a la consideración del profesorado la Orden de calidad y mejora de los rendimientos escolares, según la cual el profesorado de los Centros que se sumen, percibirá un aumento salarial de 7000 euros en cuatro años si alcanza unos objetivos previamente fijados: mejora de los resultados del alumnado, del clima de convivencia, de la participación de las familias, etc.
Para esta segunda convocatoria del Plan de mejora, la Consejería ha organizado diversos actos informativos a los que se ha convocado a representantes de los centros para explicarles de primera mano las características y novedades de la Orden. Como asistente a una de esas reuniones, me gustaría manifestar mis impresiones.
En primer lugar, llama la atención que en dicha reunión se citaran las cifras de centros y profesores que han votado a favor de la orden (unos mil doscientos centros y alrededor de veinticuatro mil profesores) pero que no se quisiese decir cuántos nos opusimos. En diversas ocasiones, el representante de la Consejería vino a decir que no quería entrar en cifras, pero lo cierto es que no quería entrar en las cifras desfavorables, porque las favorables sí las expuso desde el inicio de la reunión. Con todo, en un momento se le escapó que el 75% del profesorado no se había acogido a la Orden. Si sabemos que en Andalucía hay más de seis mil centros educativos y más de ciento veinte mil profesionales de la enseñanza, las cuentas desfavorables para la Administración son bastante elocuentes.
También se manifestó que la Consejería está preocupada porque cree que el profesorado no entendió la Orden. Desde luego, es para preocuparse: el 75% del profesorado a cargo de la Junta no entiende, según esta, lo que la Consejería les dice. ¿No es un tanto preocupante que los responsables de la educación de los jóvenes andaluces no sean capaces de entender las normas de la Junta? ¿No será –seamos mal pensados- que la Junta no es capaz de ponerse en sintonía con sus empleados y hacerse entender? ¿No se esconde bajo esta afirmación un punto de soberbia, al pensar que no es que la Orden sea inadecuada, sino que no se ha entendido? ¿Tan mala capacidad de comprensión se nos supone a los profesores? Sin duda, preocupante, sea cual sea la respuesta.
Uno de los problemas de la Orden es que pretende incentivar al profesorado para conseguir objetivos que no están en su mano, como por ejemplo la mayor implicación de las familias. El representante de la Administración comentó que existen centros reacios a las familias. No lo niego. Pero no es menos cierto (todo lo contrario) que existen familias reacias a los centros. ¿Qué hacer en estos casos? La propia Junta conoce, por ejemplo, los índices de participación de madres y padres en las elecciones a los consejos escolares. Pese a las campañas publicitarias, pocos se acercan a los centros a votar por sus representantes en el máximo órgano de gobierno de los centros. ¿Dejarán de percibir sus incentivos los responsables de dichas campañas publicitarias por no alcanzar los objetivos previstos?
Con todo, lo más preocupante fue la afirmación repetida de que la Consejería no entendía qué de malo había en cobrar más por objetivos alcanzados; se argumentaba que muchos planes educativos (de apertura, bilingüismo, centros TIC, etc, etc) se habían puesto en marcha apelando al voluntarismo del profesorado y que ahora se le había querido premiar con incentivos económicos. Bajo mi punto de vista, el planteamiento debería ser justo el contrario: a un profesor se le debe incentivar por acogerse a planes voluntarios que suponen dedicar gran parte de su tiempo libre en formación (en idiomas, en nuevas tecnologías, por ejemplo). Pero… ¿incentivar con dinero por cumplir la obligación profesional de intentar obtener el mayor rendimiento del alumnado? Eso es algo intrínseco a la condición de profesional de la enseñanza; pagar por este motivo presupone que sólo intentaremos mejorar si cobramos más, algo rotundamente falso. Es más, cualquier profesor sin escrúpulos podría sumarse a la orden, dejar de anotar incidencias disciplinarias y aprobar a más alumnos para cobrar así el incentivo. Ya se sabe que, hecha la ley, hecha la trampa.
Del mismo modo, habrá profesionales excelentes que cumplan a la perfección su tarea pero que no vayan a cobrar más por no prestarse al juego de esta- cuanto menos- confusa Orden de la Consejería.
Desde mi modesto punto de vista, la Consejería debería aplicar el aumento salarial a todo el profesorado (como se ha hecho en otras comunidades, dejándonos en el furgón de cola de todo el país en nuestros sueldos) y, a partir de ahí, reconsiderar la Orden. Por ejemplo, incentivar con disminución de la ratio de alumnos por clase, desdobles en asignaturas instrumentales básicas, aumento de los presupuestos de los centros, contratación de profesorado de apoyo (algunas de estas medidas se contemplan en la Ley de Educación de Andalucía). Desvinculada la orden de un incentivo que tiene aspecto de coacción para aprobar (por mucho que se diga que no, así lo ha sentido mayoritariamente la comunidad educativa) tendría muchos más visos de ser aceptada.
Ojalá llegue pronto el día en que exista una auténtica sintonía entre los administradores de la cosa educativa y los profesionales del ramo, por el bien de nuestros jóvenes. Nuestro futuro depende de ello.